2014-01-20
Este documento tiene como antecedente Manifiesto para una nueva sociedad
Proponemos una transformación democrática y ciudadana para Chile, que permita la apropiación del poder constituyente por el pueblo y abra paso a democratizar el país en forma real. Asumimos los campos político, social, cultural y comunicacional como los grandes espacios de diálogo con la ciudadanía y entendemos que una parte de ella es el empeño de conquistar espacios institucionales que, formando parte del sistema político hoy existente, ofrecen herramientas para luchar por su reemplazo. Al respecto, el MAIZ asume la lucha electoral como un instrumento para fortalecer la organización y movilización ciudadana.
Aprobación de una Nueva Constitución Política, elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente democráticamente electa, sancionada por el pueblo soberano en plebiscito y que funde una institucionalidad republicana sustentada en una democracia participativa, que incorpore formas de participación representativa, directa y comunitaria.
Establecimiento de un nuevo Estado basado en los principios de la descentralización, la organización autonómica y la multiterritorialidad, la deliberación pública, el control popular, la interculturalidad, el respeto a la diferencia, el desarrollo espacial equilibrado y la democratización del poder. Entre otros puntos consideramos los siguientes:
Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y construcción de un Estado plurinacional, que garantice plenamente su libre determinación y derecho a la autonomía, al territorio, al auto gobierno, a preservar y desarrollar su cultura (derechos lingüísticos especialmente), y al reconocimiento y consolidación de sus instituciones e identidades territoriales. Desmilitarización de la zona y fin a la aplicación de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche.
En el marco del proceso de descentralización del país, proponemos la conformación de una Comunidad Autónoma en la Araucanía, anexando comunas de otras regiones vecinas donde hay población indígena, a las que se transferirán competencias político-administrativas, con estatuto, parlamento y gobierno ejecutivo propio en los que los pueblos originarios estarán debidamente representados. Este será el canal y marco político desde el cual el Estado de Chile se relacionará con el pueblo mapuche en particular.
Construcción de sistemas públicos de calidad, gratuitos y dignos, de salud y educación de alcance nacional, en el marco de un sistema de protección social estatal y solidario, basado en los derechos humanos universales.
La educación es un derecho y no un privilegio o un servicio. Concebimos una educación al servicio de la sociedad, un sistema educacional integrado y coherente, que apunte hacia el bien común y el pleno respeto de los derechos humanos, y que sea la base de un Proyecto País, en el que se garantice el acceso justo e inclusivo, con la más amplia participación en su construcción y desarrollo. Consideramos que el fortalecimiento de la educación pública, gratuita y laica, en todos sus niveles asegura este propósito.Así mismo, postulamos una educación superior en función de un proyecto nacional, donde la investigación, el desarrollo científico y la formación de profesionales, técnicos/as e investigadores/as sea coherente con el modelo de sociedad que queremos.
Es necesario restablecer el derecho a la vivienda como un derecho constitucional de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país tanto connacionales como migrantes y que el Estado tenga el deber y la obligación de velar y asegurar que podamos ejercerlo sin diferencias de condición social, ni de origen étnico ni de género.
El orden democrático exige la democratización de las FF.AA. y de orden, sin que signifique que éstas pierdan su carácter de instituciones jerarquizadas y subordinadas al poder civil democráticamente constituido.
Es necesaria la creación de una Escuela de Estado Mayor para construir una visión conjunta de la Defensa Nacional, con un mando operativo único de todas las instituciones armadas y promover la efectiva formación de los civiles en los temas de defensa para que el poder político civil pueda ejercer informadamente el mando sobre las instituciones de la defensa.
Se hace también necesario democratizar los mecanismos de ingreso a las escuelas matrices tanto de las tres ramas de las FF.AA., como también de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Recuperación de las riquezas básicas, entre ellas el agua continental y marítima, las riquezas mineras, la flora y fauna terrestre, dulceacuícola y marina, sus ecosistemas, áreas silvestres, parques nacionales y la biodiversidad en toda su expresión. El estado será responsable de la gestión y conservación de estos recursos y respetando los acuerdos internacionales ya firmados y los por firmar. Igualmente debieran transferirse a municipalidades las actividades de generación de energía eléctrica, obras sanitarias, reforestación de suelos fiscales y/o recuperados.
Es vital e irrenunciable la participación ciudadana en los grandes proyectos que signifiquen intervenciones con impacto en el medio ambiente, por lo que las evaluaciones de impacto ambiental y social, deben exigirse desde los inicios de estos proyectos y, la ciudadanía deberá contar con antecedentes serios, e informados, basado en estudios objetivos para la toma de decisiones democrática.
Ampliación de las libertades personales y superación de todas las discriminaciones de género, etnia, edad, religión, identidad y orientación sexual. Igualmente, consideramos los derechos sexuales y reproductivos también como derechos humanos y en este sentido deben ser igualmente garantizados.(I. Cárcamo)
Consideramos que a las mujeres les asiste el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a que se les trate como personas, En el caso del aborto, el aspecto moral le concierne solo a la mujer en el marco de la libertad de conciencia, por ello debe quedar fuera de la jurisdicción legal. Al estado le corresponde abordarlo como un problema social y de salud publica. La legislación debe normar la necesidad de salvaguardar la salud y la vida de las mujeres, así como el derecho a decidir sobra su maternidad.(I. Palominos)
Democratización de los medios de comunicación social, particularmente de las nuevas tecnologías de información y televisión digital, para colocarlas al servicio de la ampliación de las libertades y del ejercicio de los derechos de ciudadanía. En este sentido, proponemos que los medios de comunicación promuevan efectivamente la cultura y sean verdaderos agentes democratizadores de la ciudadanía, en particular aquellos que ocupan las frecuencias del espacio radio-eléctrico, patrimonio de todos los chilenos.
Reformulación de la Ley General de Cooperativas y de la normativa que rige al FOSIS (Fondo de Solidaridad de Inversión Social), de modo de asegurar la promoción y protección estatal del cooperativismo y la asociatividad, y de todas aquellas iniciativas que promuevan una economía solidaria, basada en la participación y autogestión económica de las comunidades.
Una política internacional latinoamericanista y solidaria con quienes luchan en todo el mundo por su derecho de autodeterminación, por la democracia y la emancipación. Por lo tanto, una política de unidad de América Latina, de alianza sur-sur y cooperación de los pueblos del planeta, frente al modelo neoliberal de globalización.
El MAIZ continuará trabajando por la articulación nacional de los movimientos y las organizaciones sociales en un espacio común. Asimismo, participará en las movilizaciones sociales fomentando una ciudadanía activa.
En este mismo sentido, el MAIZ desarrollará los siguientes cursos de acción:
Abril 2013
MOVIMIENTO AMPLIO DE IZQUIERDA
Nota: Este documento tiene antecedentes y es el desarrollo de dos documentos preliminares: El MAIZ se despliega el 2012 y el Documento Ejes.